2008/10/13

BANCO DE SANTA FE: LOS DOCUMENTOS DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno provincial resolvió levantar el secreto que protegía a los archivos la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 y estuvo presidido por el abogado Alfredo “pichón” Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras irregulares por 21 millones de dólares. La mayoría de las causas judiciales que comprometieron a funcionarios del Partido Justicialista están prescriptas. La prueba documental reunida por esta comisión se puede consultar en el Archivo General de la Provincia. Estuvimos revisando papeles y contamos lo que vimos.



La cita fue en la sala de reuniones del Directorio del ex Banco de la Provincia de Santa Fe - primer piso de la casa central en Tucumán y 25 de Mayo - el 29 de agosto de 1997. Sobre la gran mesa de madera se destacaban las cajas de cartón que guardaban los siete tomos del informe final de la Comisión Investigadora creada por el entonces gobernador Jorge Obeid y presidida por el abogado Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del mandatario e histórico dirigente demócrata cristiano.

El trabajo de la comisión investigadora había comenzado en febrero de ese año, con la promesa de dilucidar los más sonados casos de corrupción que jalonaron el paso de los sucesivos directorios de la entidad bancaria del estado santafesino, que ya se encontraba en estado de liquidación y esperaba ser transferida al sector privado. “No voy a aceptar que por ser quien vaya a privatizar el Banco, tenga que hacerme cargo de los hechos de negligencia o dolo de administraciones anteriores. La privatización de ninguna manera va a tender un manto de olvido sobre todo lo que ha pasado con el Banco”, aseguró, sin temor al archivo, el ex gobernador Jorge Obeid. (El Litoral – 04/02/1997)



El origen de la investigación fue un informe de la Fiscalía de Estado donde se había señalado que la cartera de créditos incobrable ascendía a 334 millones de pesos; advirtiendo que en varios casos no se constituyeron garantías, ni tampoco fue analizada la situación patrimonial o la evolución de la deuda del tomador, desoyendo incluso las recomendaciones de las gerencias, sobre la necesidad de realizar sumarios o denuncia penal contra numerosas empresas y particulares que se beneficiaron con esos créditos.

A partir de este punto de arranque la pesquisa de la Comisión Nogueras avanzó sobre una veintena de contratos celebrados por los últimos directorios; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privados; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia.

Entre los contratos de bienes y servicios analizados aparecen algunos de los casos más emblemáticos de la corrupción de la década menemista. Según el informe final de la comisión investigadora, en el rubro contrataciones “se observa en general un continuo menosprecio por el cumplimiento de las normas que asegurarían mayor transparencia y equidad en los concursos de personas (…) ocasionando perjuicios económicos de singular magnitud”.

La licitación para la informatización del banco fue adjudicada a la empresa IBM, ocasionándole un perjuicio a la entidad de 12 millones de dólares debido a los sobreprecios. Lo mismo ocurrió con la contratación del sistema de transmisión de datos que favoreció a la empresa Telecom y perjudicó al banco en 2,6 millones de dólares. En el caso del contrato con la empresa OCASA el perjuicio fue estimado en 2 millones de dólares. En sus conclusiones, la comisión investigadora estimó que las contrataciones analizadas, le ocasionaron al Banco de la Provincia de Santa Fe un perjuicio superior a los 21 millones de dólares.

Terminado su cometido, el ex gobernador Jorge Obeid anunció que el informe final de la Comisión Nogueras sería enviado al Procurador General de la Corte para que la justicia decida los caminos a seguir. En algunos casos el material se incorporó en causas preexistentes, en otros, sirvió para la apertura de nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido.

Algunos años después, Alfredo Nogueras publicó un libro llamado “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”. Allí quedó plasmada la visión de este dirigente sobre el trabajo de la comisión especial. “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”, anticipa desde el prólogo, el hombre que falleció sin la satisfacción de que algún juez de la provincia corrobore con alguna sentencia el empeño puesto a favor de la transparencia y la honestidad.

El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial. En el transcurso de la investigación se efectuaron pericias técnicas y contables, se recibieron numerosos testimonios y denuncias, y se extrajo información de expedientes judiciales y publicaciones periodísticas. Todos estos documentos fueron organizados en carpetas temáticas y guardados en una veintena de cajas que fueron depositadas en el Archivo General de la Provincia.

En los estantes del viejo edificio de General López y 9 de Julio se encuentra guardada parte de la historia del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe antes de su privatización. Según un cálculo realizado por el ex diputado provincial Carlos Favario, el costo que tuvo que afrontar el estado santafesino tras la enajenación fue de 895 millones de pesos.

Archivo desclasificado

El 27 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, donde se establecen los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Esta decisión rompe con once de años de ocultamiento, ya que los documentos de la Comisión Nogueras, estaban protegidos por el Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 que regula el denominado “secreto financiero”, según la interpretación que en 1997 aplicó el gobierno de Jorge Obeid.

Ahora, la administración de Hermes Binner estableció que una parte de esos materiales deben ser de libre acceso al público. De acuerdo a la reglamentación contenida en la Resolución Nº 0393 del MGyRE, los interesados podrán consultar los siguientes documentos: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Sin embargo, otra parte de los papeles de la Comisión Nogueras permanecerá protegida por el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, aunque puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales” que serán resueltas por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las eventuales “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luís s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

Visita guiada

La atención al público en el Archivo General de la Provincia comienza a las 7.30 de la mañana. Con la Resolución Nº 0393 en la mano preguntamos por los archivos de la Comisión Investigadora el viernes pasado bien temprano. Para nuestra sorpresa nos respondieron que aguardáramos unos minutos mientras localizaban el material. Luego de algunas consultas con las empleadas teníamos sobre la mesa las cajas 7, 11 y 13. Allí estaban guardados desde 1997 los documentos de la subcomisión de Contrataciones, información institucional del banco y un voluminoso archivo periodístico sobre la tarea de la comisión. Entre los recortes encarpetados aparecía en primer lugar, un artículo del diario La Capital titulado: “Banco: exigen que llamen a declarar a Reutemann y Mercier”.


Entre los papeles guardados en la caja 13 sobresalía un sobre color marrón con la declaración jurada patrimonial de Alfredo Nogueras. Estaba cerrado con cinta adhesiva y no se nos permitió revisar su interior. También encontramos un informe firmado por Alberto Becanni – integrante de la comisión investigadora – donde se describe la operatoria de la cuenta del Partido Justicialista y la cuenta Menem Presidente. Ambas contaron con autorizaciones especiales para girar fondos en descubierto y fueron beneficiadas con la cancelación de intereses.


La caja 11 contiene la información recolectada en la investigación de las contrataciones. Allí aparece la carpeta sobre la Licitación 1043/91 para la instalación del sistema de transmisión de datos entre las sucursales del banco. El proceso de selección terminó favoreciendo a la empresa Telecom, que tenía como subcontratista a la firma Consad de los hermanos Cattaneo, en un esquema de similar al denunciado en el escándalo IBM-Banco Nación.


Las conclusiones sobre esta licitación son contundentes. Telecom tenía expresamente prohibido brindar el servicio de transmisión de datos. Los otros oferentes de la licitación eran pantallas para disimular la adjudicación a favor de la licenciataria telefónica. Antes de firmado el contrato el banco y había efectuado un pago parcial por el trabajo. Los costos del contrato eran exorbitantes comparaos con otras contrataciones similares dentro del estado provincial. La participación de la empresa Consad sirvió para justificar pagos a favor de los funcionarios del banco. Todos estos antecedentes fueron girados a la Fiscalía Nº 11 de los Tribunales de Rosario para que se inicie una investigación penal. El paso del tiempo se encargó de borrar las huellas encontradas por la comisión.

“Mira fulano las barbaridades que hizo”

Luís Gómez es el secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe. En 1997 ocupaba el mismo cargo y desde allí participó activamente en las luchas contra la privatización del Banco Provincial. Para este dirigente, la Comisión Nogueras “fue una jugada del ex gobernador Obeid absolutamente demagógica. Obeid tuvo en sus manos la posibilidad de salvar el banco y no lo hizo. En rigor, solo siguió la corriente de lo que pasaba en ese momento por la línea que bajaban Menem y Cavallo de privatizar los bancos provinciales”.

De todos modos, Gómez rescata la figura de Alfredo Nogueras, a quien valora desde lo político y lo personal. “ A “pichón” le tengo un gran respeto y un gran aprecio desde el punto de vista personal, un gran respeto por su capacidad y sus conocimiento técnicos, y un gran respeto a su trayectoria, pero en este caso a mi me parece que Nogueras actuó más por una cuestión de amistad con el gobernador Obeid que otra cosa. Mas allá de que el pueda haber puesto todo el énfasis y su honestidad y capacidad en la investigación”.

El dirigente bancario remarca un punto esencial de su crítica: la Comisión Nogueras debería haber existido antes de la privatización. ”Ahí hubiera surgido que al banco lo vaciaron, que gran parte de la culpa la tuvieron los gobiernos y que podía ser salvado y quedar en manos de estado como se hizo con el Banco Nación”.

“Por eso siempre dijimos que las conclusiones de la comisión investigadora llegaron muy tarde. Insisto, fue una medida demagógica que no condujo a nada. Son jugosas y muchas, pero no se pudieron llevar a la justicia. Hoy por hoy, la única causa que sigue abierta es la denuncia que hizo la Comisión Interna del Banco de Santa Fe”, sostiene Gómez.

Respecto a la apertura de los archivos, el dirigente de la Bancaria admite que “puede servir para señalar los responsables y decir “mira fulano las barbaridades que hizo”, pero ya no quedan posibilidades de ir a la justicia. Si esto sirve para que personajes de esa época queden grabados en la memoria de los santafesinos y nunca más ocupen cargos, bienvenido sea, pero lo dudo, siempre se tuvo miedo de tirar nombres y señalar responsables”.

Sin embargo, Gómez tiene esboza una galería de culpables del descalabro del Banco Provincial que tendría que estar encabezada por los gobernadores Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid. “Son los primeros responsables de todo lo que paso desde el punto de vista de la corrupción, el vaciamiento y de las barbaridades que hicieron los directores. Al presidente del banco y al directorio lo nombraba el gobernador y tenían que rendirle cuentas al Ministro de Hacienda”, remata.

Pero mas allá de las lecturas sobre el rol jugado por Alfredo Nogueras y el valor de la documentación que ha ido desclasificada, lo cierto es que el 29 de agosto pasado, se cumplieron once años de la presentación del informe final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas y el tiempo transcurrido la justicia santafesina defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio contra la corrupción” que la provincia se merece.

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